El fraude en seguros no es solo un problema para las aseguradoras: es una amenaza directa para el patrimonio, la reputación y la continuidad operativa de las empresas. Cada año, miles de reclamaciones fraudulentas encarecen las primas, tensan las relaciones con las aseguradoras y ponen en jaque la viabilidad de negocios que sí cumplen las reglas.
En España, solo en 2021, se detectaron más de 237.000 intentos de estafa al seguro, lo que equivale a 27 casos cada hora. Y aunque el fraude en automóviles sigue siendo mayoritario, su alcance se ha diversificado: transporte de mercancías, seguros de robo en empresas, daños simulados en propiedades, seguros de fidelidad o incluso coberturas de vida y salud.
Fraude interno: Desde la apropiación indebida de activos hasta la manipulación de informes financieros. Las pérdidas no solo son económicas; un caso interno puede dejar a la compañía sin cobertura futura y con daños reputacionales graves.
Transporte y logística: Desvíos de carga, falsificación de documentos o fraude de anticipo de combustible. La ausencia de debida diligencia con transportistas y operadores logísticos puede abrir la puerta a pérdidas millonarias.
Siniestros simulados o inflados: Incendios, robos ficticios o exageración de daños reales. Un solo intento de fraude con “mala fe” puede anular la cobertura total de un siniestro, incluso si parte de los daños fue legítima.
Un fraude comprobado implica:
Denegación de la reclamación y cancelación de la póliza.
Devolución de indemnizaciones cobradas y posibles demandas.
Aumento de primas o imposibilidad de contratar seguro en el futuro.
Pérdida de confianza de clientes, inversores y socios.
Fortalecer controles internos y segregar funciones críticas.
Auditoría forense y monitorización ética para detectar irregularidades.
Documentación meticulosa de activos y siniestros con evidencias verificables.
Debida diligencia rigurosa con socios logísticos y comerciales.
Tecnología avanzada: IA y Machine Learning para detección en tiempo real; Blockchain para trazabilidad inmutable en la cadena de suministro.
En muchos casos, las aseguradoras y las empresas no disponen de recursos internos para investigar en profundidad un siniestro o un indicio de fraude. Ahí es donde un despacho de detectives privados habilitado se convierte en un socio estratégico:
Investigación exhaustiva de siniestros dudosos: Verificación de la preexistencia de bienes, reconstrucción de hechos, entrevistas y toma de declaraciones, análisis de documentación y localización de testigos clave.
Detección de fraude interno: Auditorías discretas sobre personal, control de inventarios, trazabilidad de activos y seguimiento de flujos de mercancías.
Verificación en transporte y logística: Comprobación de licencias y operativa de transportistas, seguimiento físico y digital de cargas, detección de puntos vulnerables en la cadena de suministro.
Recogida de pruebas con validez judicial: Informes periciales y material probatorio que cumplen la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, garantizando su admisión en sede judicial.
Ahorro y protección de patrimonio: Cada euro invertido en investigación antifraude puede ahorrar decenas en indemnizaciones indebidas, primas infladas o pérdidas operativas.
En un entorno donde el fraude es cada vez más sofisticado, contar con un despacho como DSN Investigación Privada no es un gasto extra: es una herramienta de control, defensa y rentabilidad para cualquier empresa que quiera blindar su capital, su reputación y su relación con las aseguradoras.