En el día a día de muchas empresas, la gestión de las bajas laborales es un proceso asumido como parte natural de la actividad. Sin embargo, cuando nos encontramos con bajas laborales de difícil acreditación, entramos en un terreno más complejo: situaciones en las que la coherencia entre la dolencia alegada y la actividad real del trabajador es cuestionable, pero no fácil de demostrar.
A simple vista, podría parecer un asunto interno entre empresa y empleado. Pero su impacto real es mucho más amplio.
Cuando una baja de difícil acreditación se prolonga, los costes directos para la empresa son evidentes:
Sustituciones temporales o sobrecarga de trabajo para otros empleados.
Disminución de la productividad en áreas clave.
Posible deterioro del clima laboral por percepciones de injusticia interna.
Pero más allá de la empresa, también existen costes indirectos que afectan al conjunto de la sociedad:
Mayores cargas económicas para las mutuas y la Seguridad Social.
Incremento de las cotizaciones necesarias para sostener el sistema.
Efecto multiplicador en la economía, ya que los recursos destinados a cubrir estas situaciones dejan de invertirse en desarrollo y crecimiento.
Las bajas de difícil acreditación no solo afectan a la rentabilidad de las empresas, sino que también debilitan la confianza en el sistema laboral y sanitario.
Cuando se toleran o no se detectan, el mensaje implícito es que se puede abusar de la protección sin consecuencias reales. Esto erosiona la credibilidad de un derecho fundamental como es la incapacidad laboral temporal.
En última instancia, este tipo de conductas perjudica incluso a quienes realmente necesitan una baja y cumplen con sus obligaciones médicas, ya que alimenta la desconfianza y endurece los procesos de control para todos.
Detectar una baja de difícil acreditación no es un proceso improvisado ni debe basarse en conjeturas.
Requiere:
Observación documentada y objetiva.
Registro de actividades incompatibles con la dolencia declarada.
Conocimiento del marco legal para garantizar la validez de las pruebas.
En este punto, la intervención de un detective privado habilitado es clave. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada legitima al investigador para obtener información en el ámbito laboral cuando existe relación contractual entre las partes, y sus informes tienen plena validez judicial.
La investigación de este tipo de casos debe realizarse siempre con discreción, respeto a la legalidad y una visión objetiva: no se trata de “cazar” al trabajador, sino de esclarecer los hechos para que la empresa pueda tomar decisiones fundamentadas y justas.
Solo así se protege un equilibrio fundamental:
La defensa de los derechos del trabajador legítimamente incapacitado.
La salvaguarda de los recursos y la productividad empresarial.
La preservación de la confianza en el sistema laboral y de Seguridad Social.
Las bajas laborales de difícil acreditación son un problema silencioso que, si no se aborda con rigor, termina repercutiendo en la economía, en la estabilidad de las empresas y en la confianza social.
La clave está en la prevención, detección y actuación rápida, apoyada en herramientas legales y profesionales que aporten pruebas objetivas.
Porque en este asunto, todos —empleadores, trabajadores y sociedad— nos vemos afectados.
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